La Secretaría de Salud de Córdoba habría pagado nuevamente por supuestos pacientes de hemofilia, esta vez $1.525 millones de pesos, sin el cumplimiento de los requisitos para la aprobación de recobros, y sin que mediara justificación médica que soportara los pagos.

Así lo puso al descubierto la Contraloría General de la República, que precisó que este caso es muy parecido al llamado “Cartel de la Hemofilia”, que desencadenó las investigaciones contra el ex Gobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus.

"El organismo de control estableció que el 16 de mayo de 2016 la Gobernación de Córdoba pagó este valor por 14 casos de personas que habrían sido diagnosticadas con Hemofilia y/o Enfermedad de Von Willebrand, ocasionando un presunto menoscabo al patrimonio público en la misma cuantía", indicó.

Sin embargo, no se encontraron soportes, documentos o actas del Comité Técnico Científico, ni historias clínicas en las EPS tratantes, ni ningún otro documento equivalente que justificara la realización de los pagos a la mencionada IPS.

Según informó la Contraloría la beneficiaria de estos pagos fue la IPS San José de la Sabana S.A.S., que ya había sido vinculada previamente al denominado “Cartel de la Hemofilia” durante la administración del entonces Gobernador Alejandro Lyons Muskus.

La Contraloría evidenció estos nuevos hallazgos en Córdoba al culminar la Auditoría que adelantó a la Gobernación del departamento, por el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP, vigencia 2016.

Entre las pruebas del ente de control están que "los supuestos beneficiarios de los medicamentos y tratamientos ni siquiera se encontraban registrados como pacientes de tales enfermedades en las EPS, por lo que no existía fundamento alguno que justificara la autorización de los pagos efectuados por la Secretaría Departamental de Salud".

Pagos efectuados con documentación posiblemente falsa

La resolución 008 del 16 de mayo de 2016, a través de la cual se autorizó el pago de $1.525 millones a la IPS San José de la Sabana S.A.S. fue suscrita por el entonces Secretario Departamental de Salud de Córdoba, y con base en la misma se expidió la Orden de Pago No. 3306 del mismo mes, indicó la Contraloría.

"Dentro de la documentación soporte de los pagos, se encuentran supuestas admisiones de los pacientes, así como documentos de consulta externa y formatos de justificación de medicamentos, suscritos por un médico internista hematólogo", explicó el ente de control.

Sin embargo, cuestionado el médico firmante sobre los hechos evidenciados por el equipo auditor de la Contraloría, éste afirmó que nunca ha prestado servicios ni ha tenido vínculo alguno con la IPS San José de la Sabana S.A.S.

También, algunos de los supuestos pacientes por los que la Gobernación pagó, al ser entrevistados por los auditores de la CGR, manifestaron no sólo que nunca han sido diagnosticados con hemofilia y/o Von Willebrand, sino que tampoco han sido sometidos a exámenes de laboratorio para verificar la presencia de la enfermedad.

Afirmaron igualmente que ni ellos, ni los miembros de sus familias, conocen la IPS San José de la Sabana S.A.S., así como tampoco ninguno de los laboratorios donde supuestamente se les practicaron los exámenes.

Ante la gravedad de los hechos evidenciados, el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, puso los mismos en conocimiento tanto del Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, como del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, para que en el marco de sus competencias y funciones procedan con las investigaciones a que haya lugar.

Con información de la Contraloría